“Los alumnos plantearon un recurso de amparo, porque estaban siendo directamente afectados y señalaron que fueron privados de su derecho a estudiar. Por eso, fueron obligados a irse a otras universidades con aranceles más elevados sin una explicación razonable y sin que le den los tiempos para analizar la situación, mientras el debate continúa en el Poder Judicial. Entonces, la jueza ordenó que se sigan dando clases ínterin entre la universidad María Serrana y el CONES (Consejo Nacional de Educación Superior) se dirime en estrados judiciales”, explicó Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la institución, en conversación con Todas Las Voces por La Unión.
Indicó que el CONES “puso la carreta delante de los bueyes”, ya que primeramente clausuró las carreras de Medicina de la universidad María Serrana y recién después notificar que habría irregularidades allí. “Eso es violentar la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa”, dijo el letrado.
Señaló que a partir de ahora “nos vamos a sumar a estos amparos, nos vamos a adherir a esa postura y nos presentaremos ante el Tribunal de Cuentas y le vamos a querellar a Narciso Velázquez (titular del CONES) por todas sus afirmaciones”.
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