“Mi familia me aconsejó conciliar con él porque si se va a la cárcel puede contratar un sicario”, dijo Amarilla en contacto con La Unión Amarilla con relación al exparlamentario, expulsado hace unos meses del Congreso señalado por mal uso de influencias.
Amarilla cuestionó desde el primer momento la intención de Bogado, tomando en cuenta que es ella la querellante y no la demandada.
Mencionó que le ha pedido a Bogado la suma de US$ 100 mil dólares como un “monto simbólico”, subrayando que el nombre de su difunto marido no tiene precio.
El caso
La denuncia se originó luego de que Bogado haya acusado Franklin “Anki” Boccia, ex director de Itaipú y difunto marido de Amarilla, había contratado a la supuesta niñera del legislador, Gabriela Quintana, como funcionaria de la Binacional. Por la afirmación, la diputada solicitó la apertura de un proceso judicial en su contra por presunta denigración de la memoria de un muerto.
Tras ser echado del Parlamento, el senador fue sentenciado a un año de prisión, mientras que Gabriela Quintana a un año y seis meses. Sin embargo, ambos se beneficiaron con la suspensión de la condena y no fueron a prisión.
El Tribunal de Sentencia dispuso que el senador colorado pague G. 480 millones a varias instituciones para no ir a la cárcel, distribuidos en G. 20.000.000 mensuales por un plazo de dos años.