En el marco de la Ley Nº 4788/12 “Ley integral contra la trata de personas”,el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia – MINNA convocño a instituciones del Estado a una reunieron para articular asistencia integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que han retornado del exterior del país, en el marco de la situación vivida por la pandemia de la COVID-19, y han sido certificados como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, puntualizó que, “tenemos que tomar las medidas correctivas sobre este tema. Se hizo un relevamiento técnico de cuáles son las situaciones que se han detectado al hacer el análisis socio ambiental y psicosocial de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, y siguiendo la ruta que nos impone la Ley, de cuáles son las medidas que hay que adoptar antes que sean restituidos a sus familias. La situación de la pandemia fue una situación particularmente especial, que imponía otro protocolo, distinto de lo que se tiene que imponer en los casos de víctimas de trata, pero nos preocupa enormemente la apertura de las fronteras y que nuevamente están empezando a retornar, y nuevamente están las personas en ese proceso de captación; hay que adoptar las medidas de protección a los efectos de que no vuelvan a caer víctimas de estas redes de trata”.
La ministra hizo énfasis en la articulación interinstitucional para tener una propuesta integral que facilite el proceso de desarrollo social de las víctimas de trata, “articular con todos los que estamos acá, nuestras habilidades en los procesos de atención a las víctimas, es fundamental, porque la propuesta es armar un proyecto interinstitucional en el que todos intervengamos a los efectos de erradicar los factores de vulnerabilidad que existen, previos a que una persona sea víctima de trata, por una parte y una vez que cayeron víctimas, esos factores seguirán si nosotros no abordamos esos factores de vulnerabilidad que son esencialmente sociales. El factor de la pobreza es uno de ellos, por eso también hemos convocado al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Turismo, al Ministerio de Salud, que pueden intervenir a los efectos de ir modificando los factores de vulnerabilidad que existen”.
Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en marzo pasado y hasta julio, han retornado al país 123 niñas, niños y adolescentes no acompañados, con indicadores de situación de explotación en Brasil, la mayoría proveniente de San Pablo; de ellos, 68 adolescentes están certificadas como víctimas de trata de personas por el Ministerio Público; los demás continúan con el proceso de investigación.
Finalmente la ministra, Teresa Martínez explicó que, “tuvimos adolescentes que han retornado embarazadas y que han dado a luz estando en los albergues, entonces podemos decir que tenemos como una situación completa y compleja que ya tenemos que ir abordando desde las distintas instancias para que esto se puede revertir realmente, de lo contrario es más de lo mismo: se recepciona la denuncia, se condena a los responsables, pero las víctimas quedan ahí en las mismas condiciones. Son instrucciones del gobierno, que actuemos articuladamente a los efectos de dar respuesta efectiva a estás víctimas que están retornando al país”.
Las instituciones trabajarán de forma trasversal en su ámbito de competencia, con el objetivo de brindar a niñas, niños, adolescentes y sus familias, un desarrollo integral que facilite el proceso de reinserción social, y acompañamiento para no volver a caer en las redes de trata.
Sobre la Ley Nº 4788/12 “Ley integral contra la trata de personas”
Art.1- La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional y en el extranjero. Es también su objeto el proteger y asistir a las víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible.
Participaron en la reunión, la ministra, Teresa Martínez; Eduardo Escobar, viceministro de Protección Integral de Derechos del MINNA; Edgar Ríos, defensor adjunto del Ministerio de la Defensa Pública; ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares del MRREE, representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, SENATUR, MAG, Ministerio de Relaciones Exteriores, MEC, Secretaría Nacional de Repatriados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de técnicos de la Dirección General de Asuntos Internacionales del MINNA.
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