La Contraloría General de la República había presentado en su reporte de indicio de hechos punibles por perjuicio patrimonial de G. 9.355.976.599. Ante esto la agente del Ministerio Público solicitó una orden judicial e hizo lugar a la denuncia de la Contraloría.
Los puntos específicos de la investigación se centraron en averiguar si existen documentos de respaldos a gastos en concepto de alimentos para la merienda escolar, construcción de pavimentos y construcción de un comedor en la Gobernación. Asimismo se incluyó una lista de cheques con cuyos respaldos no se contaba.
Algunos legajos no fueron hallados pero el actual gobernador, Blas Lanzoni, se comprometió a colaborar con la investigación y remitiendo los documentos faltantes en caso de encontrarlos en un plazo de 5 días.