La fiscal Raquel Fernández, encargada del caso de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana en aquellos fatídicos momentos entre la noche del 31 de marzo y el 1º de abril del año pasado, se comunicó en instantes clave con el asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Canillas, produciéndose estos contactos cuando la familia del dirigente juvenil del PLRA insistía con que se investiguen los cruces de llamadas que involucraban al Comandante de la Policía Nacional de ese entonces, Críspulo Sotelo, y hasta al Presidente de la República, Horacio Cartes.
Estas comunicaciones se produjeron en septiembre pasado, precisamente cuando la familia y los abogados de Quintana reclamaban a la agente del Ministerio Público dicha investigación, la cual Fernández calificó que la intención solo se trataba de “morbo”, por lo cual rechazó el pedido.
Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia Quintana, manifestó que por esa misma razón presentaron una recusación, ya que le habían pedido que solicite a las empresas telefónicas extractos de llamadas entre el gerente de la Tabacalera del presidente Horacio Cartes, José Ortiz, Arnaldo Franco, Lilian Samaniego, el propio Canillas, así como senadores y diputados y hasta el presidente Cartes. Quien debe resolver este pedido es el fiscal encargado de despacho Federico Espinoza, quien se encuentra como interino del Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, que aparentemente no ha vuelto de su viaje a Cancún, México.
“Sí sirven los audios del JEM”
Duarte Cacavelos manifestó que los audios del JEM que revelaron una cantidad enorme de casos de tráfico de influencias no poseen validez como evidencia debido a que no cuentan con orden judicial para que hayan sido grabados. Sin embargo, dejó en claro que de todas maneras sirven, ya que fueron utilizados en publicaciones periodísticas, por lo cual el Ministerio Público debe investigar los casos como ‘notitia criminis’. “La Fiscalía debe construir la sospecha de los hechos punibles que se denunciaron en los medios de prensa a través de otros medios de prueba, no con esos audios”, explicó.
La Notitia Criminis es una “noticia criminal”, en la cual, como su nombre lo indica, se publica que se ha cometido un hecho que riñe con la ley, lo cual puede ser investigado por la Fiscalía.
En referencia a uno de los audios en los cuales se habla de “cuatro imputados” en el caso de las manifestaciones del #31M, señaló que se gestionará el sobreseimiento o levantamiento de órdenes de detención de los cuatros afiliados liberales que se encuentran con asilo político en Uruguay. “Hay que entender lo grave de la situación. Acá tenemos un Estado amigo que es el Estado uruguayo que entendió que había una persecución política y que asiló a jóvenes paraguayos, de quienes se puede sostener se estaba hablando en ese audio porque el fiscal que intervino es Aldo Cantero (mismo que imputó a los cuatro liberales por ‘violación de la Ley de Armas’)”, explicó el letrado.
Indicó que como prueba de estas indicios de tráfico de influencias cruzarán las fechas de estas llamadas con los actos procesales. “Cuanto menos, se tiene que levantar las órdenes de detención de estos cuatro liberales para que puedan venir a litigar en libertad”, afirmó.
Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez son los liberales que se hallan refugiados en Uruguay.