La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yolanda Portillo imputó por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza a 10 personas y requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión al juez Penal de Garantía de turno.
La lista de procesados está conformada por Camilo Aníbal Enrique Recalde Dávalos, Hugo César Acevedo Ortiz, Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, Oscar Luciano Barreto, Carol Patricia Turrini Ayala, Rodolfo Osmar Lovera Mancia, Mario Antonio Pairet, José Hugo Núñez Alvarenga, Rufino Concepción González Flores, Rocío Beatriz Rodriguez Aranda.
Según consta en el escrito de imputación, Recalde Dávalos en su carácter de SAT (Servicio de Asistencia Técnica), y por medio de una Resolución, habría recibido por parte de los beneficiarios de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) la suma de Gs. 16.750.242.827 para la construcción y culminación de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país, que no habrían sido finalizadas.
Asimismo, existen elementos probatorios que permiten sospechar a los investigadores que Recalde habría asumido la obligación de construir 321 casas, para lo cual debía realizar actividades referidas al desarrollo del proyecto arquitectónico de las soluciones habitacionales y urbanísticas de los conjuntos habitacionales. El mismo no habría cumplido las obligaciones establecidas en el Reglamento de aplicación de la SAT, consistentes en la dirección y fiscalización de las obras por lo que habría percibido la suma de G.16.750.242.827.
Además, Carol Turrini, Presidenta de la Cooperativa “Mi Casita” y Carlos Valenzuela habrían depositado la totalidad del dinero desembolsado por la Senavitat en la cuenta corriente abierta a nombre de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “Mi Casita” en el Banco Nacional de Fomento, es decir habría depositado los cheques expedidos por SENAVITAT a Camilo Recalde. Además, éste habría suscripto como tomadora de pólizas de seguro de anticipo financiero a nombre de la SENAVITAT, con la empresa Aseguradora Paraguaya ASEPASA, por un monto total de Gs. 7.947.436.250 por el desembolso de los Proyectos habitacionales Tierra Prometida I y II, San Expedito, Divino Niño Jesús I y II, Porvenir 2 Fase I y Porvenir 2 Fase II, y Nueva Esperanza Fase III.
Por otra parte, Luciano Barreto, propietario de la Constructora SISA, encargado de la construcción de 200 viviendas prefabricadas y de la presentación de todos los proyectos habitacionales ante la Senavitat habría recibido G. 6.000.000.000 y habría terminado solo el 28,06 por ciento de las obras que le fueran encomendadas causando con ello un perjuicio patrimonial a los beneficiarios de los proyectos de aproximadamente G. 4.000.000.000 en connivencia con el SAT.
Hugo César Acevedo, propietario de la Constructora AREA, encargado de la construcción de 121 viviendas tradicionales habría recibido aproximadamente siete mil millones de guaraníes (Gs. 7.000.000.000) y habría terminado sólo el 27,54% por ciento de las obras que le fueran encomendadas causando con ello un perjuicio patrimonial a los beneficiarios de los proyectos Nueva Esperanza Fase I, II y III, San Martín, Pojoaju, Tierra Prometida I y II y San Expedito, aproximadamente de cuatro mil millones de guaraníes en connivencia con el SAT.
El fiscal Adjunto de la Unidad Anticorrupción, Federico Espinoza señaló al respecto: “es una muestra más del compromiso del Ministerio Público para con el patrimonio del Estado. Además, quiero destacar que la tarea se hizo de manera coordinada con Senavitat, en este caso con la ministra, Soledad Núñez”.
La agente fiscal a cargo de la investigación dijo: “es una causa bastante compleja que nos llevó mucho tiempo investigar. Fueron analizados informes bancarios y tributarios de la Senavitat. Los indicios señalan que hubo un perjuicio de 12 mil millones de guaraníes para el Estado Paraguayo en la construcción de 12 proyectos que fueron asignados al SAT (Servicio de Asistencia Técnica) a cargo Camilo Recalde, para la construcción de 321 viviendas para personas de escasos recurso”.
Fuente: Ministerio Público