“Tenemos elementos. Básicamente es la lista de personas que accedieron a estas vacunas de manera irregular. Tenemos el dato preliminar de que más de 100 personas fueron vacunadas”, dijo el fiscal del caso, Julio Chamorro, en conversación con La Unión. Señaló que lo importante será centrarse en determinar si existió una “orden o una autorización específica”.

Consultado sobre los hechos punibles por los que podrían ser investigados quienes recibieron las vacunas, prefirió ser cauto a raíz de que hay varias posibilidades, citando como ejemplo que pudo haber existido pago de sobornos por parte de los “beneficiarios”, que los enfermeros del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) hayan actuado por iniciativa propia o, por sobre todo, si hubo una “orden” o “autorización de arriba”, tomando en cuenta que el número de vacunados de forma irregular de acuerdo con el plan del Ministerio de Salud supera los 100. Aseveró que lo primero desea precisar los hechos para encarar mejor las indagaciones.

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