El fiscal Federico Leguizamón, quien lleva adelante el caso, recordó que la investigación comenzó en mayo pasado tras una denuncia presentada por la Municipalidad de Asunción, luego de que la asesoría jurídica de la Comuna detectara, al momento de pretender cobrar por sus servicios de recolección de residuos, la aparente falsificación de datos en los certificados de cumplimiento tributario.
“La empresa debe estar al día con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para cobrar por sus servicios, y ellos lo que hacían es modificar esos certificados tributarios para poder cobrar los cheques”, explicó en comunicación con La Unión.
Ahora, Leguizamón indicó que depende del Juzgado Penal de Garantías Nº5, a cargo del juez Alcides Corbeta, el que deberá admitir la imputación y fijar una fecha para audiencia de imposición de medidas.