María Raquel Fernández, fiscal del caso del asesinato de Rodrigo Quintana en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), habló en una extensa charla con La Unión R800 AM sobre las investigaciones llevadas a cabo en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 1º de abril.
Aseguró que aún no se ha podido identificar a la persona que dio la orden de ingreso a la sede del PLRA. Argumentó que no puede dar demasiados detalles a cada momento debido a que esto representaría una interrupción en la investigación.
Indicó que no descarta ninguna hipótesis, inclusive ninguna que pueda señalar al Presidente de la República, Horacio Cartes, afirmando que no tolerará “ningún tipo de presión” para evitar llegar al fondo del asesinato del joven dirigente liberal.
Criticó al apoderado del PLRA, Cristian González, a quien acusó de no tener conocimiento del caso y de opinar sin argumentos.
Fernández confirmó que lo expresado en nota por la Policía Nacional difundida luego de lo ocurrido, en la cual aseguraba que el suboficial Gustavo Florentín, quien disparó a Quintana, actuó “por su cabeza”, fue totalmente desacertado, ya que dentro de la Agrupación Especializada se sabe bien que existen cámaras de circuito cerrado y es prácticamente imposible eludirlas.
Con respecto al teléfono celular del suboficial Florentín, reveló que el patrón del móvil de este uniformado fue modificado irregularmente, afirmando que desconoce cómo pudo haber ocurrido ello para poder ingresar a los datos de su aparato celular. Señaló que ya se solicitó permiso a la empresa dueña de la marca del teléfono, la cual es procedente de Estados Unidos.
“Hay muchas cuestiones que llaman la atención”, manifestó la representante del Ministerio Público. Indicó que con las imágenes de circuito cerrado tanto de la Agrupación Especializada como de la sede del PLRA “es muy fácil”, pero aclaró que las cuestiones que hacen al cómo sucedió el hecho y de dónde salió el proyectil que acabó con la vida de Rodrigo Quintana, “hacen que sea un caso bastante interesante para el derecho penal para poder determinar los otros tipos de autoría que puedan existir en el caso”.