“Federico González en su momento demostró ser leal al Gobierno, pero no al país. Él sabía que ese documento no era beneficioso para nuestro país, pero aún así pretendió obligar al ingeniero Pedro Ferreira para que lo firme, quien se negó y por lo tanto se le exigió su renuncia. Yo lo acompañé en la decisión en su momento porque el acta era perjudicial”, criticó Cáceres en contacto con La Unión, en referencia a que el entonces asesor de Asuntos Internacionales del Poder Ejecutivo había presionado al otrora presidente de la ANDE para que firme el acta bilateral entreguista, que atentaba contra los intereses paraguayos en Itaipú, hidroeléctrica compartida con el Brasil.
Señaló que aunque González intente demostrar que tiene buenas intenciones, la confianza, que es difícil de construir, está rota. “Necesitamos gente patriota, al paraguayo, que vista la Albirroja y que defienda los intereses de nuestro país”, dijo el exgerente de la estatal, ratificando que el acta bilateral entreguista “no tenía ni un solo beneficio para el Paraguay”.
Con relación al equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú, Cáceres señaló que, a más de un año de haberse conformado, “no tiene un producto hasta hoy día, yo desconozco qué trabajos estuvo haciendo, nunca presentó informes”.
Así mismo, con respecto a la renuncia del ingeniero Héctor Richer al cargo de asesor técnico del Gabinete, mencionó que en su momento este defendió el acta bilateral. “Es incongruente que una persona que defendió los intereses brasileños ahora represente al Paraguay donde estamos en una de las negociaciones de los últimos 50 años. Es una cuestión de respeto a la ciudadanía”, expresó.
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De acuerdo con extécnicos de la ANDE, con la entrada en vigencia de esa acta bilateral la estatal iba a aumentar sus costos, ya que hubiese tenido que cubrir lo gastado en las compras más caras, tomando en cuenta que los únicos ingresos que tiene la ANDE son las tarifas. El sobrecosto estimado sería de aproximadamente US$ 250 millones. Además, el documento establece que las variaciones porcentuales en la energía contratada por parte de Paraguay entre un año y otro no serán superiores al 6%, beneficiando de manera amplia así a Brasil.
El documento se había establecido de forma secreta en mayo de 2019 y luego quedó sin efecto en julio de ese año por el Gobierno, el cual fue asediado por críticas, acusaciones y ante la amenaza de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.