Ante el aumento considerable de pedidos de ingreso de pacientes a unidades de terapia intensiva vía amparo judicial en los sanitarios privados y la dificultad que representa, para los mismos el poder cobrarle al estado, por todo el proceso que se requiere, están prefiriendo cerrar, según señaló Abud.
“Para poder recuperar los gastos deberán hacer juicios de cobro de guaraníes en la capital al Ministerio de Salud, justificando adecuadamente los gastos que hicieron, entonces, para un sanatorio privado mover toda una estructura, buscar los abogados en la capital, iniciar un proceso de gestión de cobros, demostrar que efectivamente invirtieron 30, 40, 70 y 100 millones en un paciente que vino por una orden judicial, es más barato cerrar la UTI hasta que se pueda firmar los convenios, que el ministerio parece está reacia firmar con Itapúa” sostuvo.
Explicó que consultaron con representantes de Sanatorios de Itapúa y le indicaron que hasta la fecha no tienen respuesta del Ministerio de Salud para firmar un convenio.
La Asociación de Abogados urge al Ministerio de Salud que firme los convenios con los privados y así poder garantizar a la población el acceso a las camas de UTI
El Poder Ejecutivo ya promulgó la Ley N°6725/21 «Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con covid19 en los sectores públicos, privados y previsionales y la adquisición de medicamentos esenciales».