“La expectativa es que la amenaza de la sanción genere más participación. Pero eso pudiera no darse y por muchas razones. En el caso paraguayo particular, tenemos un campo de impunidad muy alto y eso quiere decir que las leyes no se cumplen. Es un error aprobar una ley creyendo que la gente la va a cumplir por miedo”, expresó Casañas Levi en conversación con Enfoque 800 por La Unión, citando como ejemplo el tema de la pandemia del COVID-19, cuando durante la cuarentena se habían impuesto cuantiosas restricciones que mucha gente no cumplió y fue castigada. “Hay más de 3.000 causas abiertas que la Fiscalía tuvo que arreglar con la Corte para saber qué hacían”, indicó.
Señaló que lo que la Constitución Nacional del Paraguay establece es que el voto es “derecho y deber”, no es una obligación del ciudadano. “No son lo mismo deber y obligación. La obligación deriva de una posibilidad coactiva. Sin embargo, el deber va más por el cumplimiento ético de compromiso con el conglomerado social y el Estado”, dijo.
“Difícilmente porque se amenace aumente la cantidad de votantes”, aseveró Casañas Levi.
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