Los abogados Juan Sosa Bareiro y Jorge Kronawetter fueron comisionados por siete senadores con el objetivo de agilizar el proceso, para obtener alguna u otra forma diligencias que lleven adelante la investigación.
Sosa Bareiro expresó a la 800 AM que una de las carátulas es la perturbación a la paz pública y daño intencional, hay personas imputadas quienes han sido identificadas plenamente causando disturbios en el Congreso y luego se iniciaron las chicanas procesales, es por ello que no se puede avanzar.
“Una de las carátulas es la de perturbación a la paz pública y daño intencional y tenemos a personas imputadas en relación a haber sido identificadas plenamente dentro del Congreso causando disturbios, luego empezaron chicanas procesales, tenemos a un fiscal recusado, un juzgado recusado y estas situaciones no nos permiten avanzar, el objetivo es agilizar el proceso y dilucidar lo antes posible esta situación”, expresó.
Con respecto al tema de las cuatro personas que pidieron asilo en Uruguay señaló: “Estas personas que fueron a pedir asilo en Uruguay, están más identificados dentro de la causa de bombas molotov, que es una causa en la cual en el tipo de delito y por la expectativa de pena, los juzgados por el marco mismo del código procesal penal, no pueden otorgar medidas alternativas, es por eso y ante esa situación, probablemente en el marco de esa causa sea que ellos han solicitado el asilo, porque en la causa del Congreso no es una causa que la expectativa de pena actual pueda derivar en algún tipo de prisión preventiva”.
El Abogado indicó que es es por eso que la mayoría de los imputados están con medidas alternativas. La pena en caso de hallarse culpables podría ser hasta 5 años, si identifican otros ilícitos penales podría aumentar.
La cuatro personas incluidas en sumario por hechos del 31 de marzo que pidieron refugio en Uruguay son Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano Cáceres, Bryan Martínez Jara y Luis Osvaldo Sánchez Gónzalez. El pedido fue hecho por las propias autoridades del PLRA, al ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, luego de que el Ministerio Público librara orden de captura contra los mismos.