Armando Ficcorilli, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, señaló que aún queda por definir el reglamento de la normativa mediante la cual se obliga a las escuelas y los colegios privados y subvencionados a tomar exámenes a alumnos por más de que se encuentren en morosidad en cuotas. “Hay que ver qué alcance quieren darle, porque, si la leemos así como está, cualquiera puede hacer una denuncia o hacer saber sin tener pruebas documentales ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mediante la cual esta cartera puede actuar de oficio para intervenir la institución”, explicó, añadiendo que esta cuestión debe ser nuevamente analizando entre los gremios de instituciones y el ministro Enrique Riera.
Continuando en el punto, señaló que “si uno va a hacer una denuncia de esa naturaleza debe poseer algo concreto, no simplemente informar al Ministerio”.
Recalcó que el gremio de Instituciones Educativas Privadas rechaza la disposición del MEC, ya que “no es justo que nos obliguen a prestar un servicio por el cual no nos están pagando”.
Anunció que desde esta semana comenzarán con los trámites para que se retroceda con la decisión o, de no conseguir el objetivo, presentar ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad.
Ficcorilli afirmó que en estos momentos existe una morosidad de 60% en cuanto a cuotas en todo el territorio nacional, lo cual se va reduciendo a comienzos de los exámenes finales “porque los padres llegan a acuerdos con las administraciones de las instituciones”. Sobre el punto, aún así hay unos pocos padres o tutores a quienes se les llama para pedirle que se acerquen hasta las escuelas o colegios de modo a que den una explicación, llegar a un pacto y establecer formas de pago, lamentando que “algunos ni siquiera atienden el teléfono, son del 1% al 5%”.
Aseveró que ese porcentaje que descendía de manera notoria sin la reglamentación, por lo cual la considera innecesaria y esperan reunirse, como gremio, con Enrique Riera lo antes posible.