Canese explicó que, cuando Cartes era presidente y aún faltaban varios años para la finalización del contrato de Tape Porã sobre la ruta PY07, el Congreso amplió los años de concesión. Más adelante, el ahora titular de la Junta de Gobierno de la ANR terminó comprando esa mismo empresa, Jiménez Gaona y Lima SA, para hacerse con el “negociado”, según explicó.
“Esa ampliación fue siete años antes de que venza ese contrato. Es una ilegalidad escandalosa y gravísima. Primero porque no se podía renovar esa concesión sin que hubiera habido una licitación pública. Lo segundo, es que el plazo máximo de ampliación es de 30 años y ellos lo extendieron a 37 años”, afirmando que en medio estuvo involucrado el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona.
Señaló que todo este proceso violó la ley de Contrataciones Públicas.
Citó que ante la Contraloría General de la República (CGR) ya fue presentado la denuncia por “la estafa ilegal”.
Canese exige que la concesión vuelva al MOPC y que el peaje por la ruta PY07 de G. 17.000 a G. 5.000 por vehículo liviano.