La doctora Sandra Quinóñez, fiscal del caso, afirmó que se contó con pruebas bastante sólidas tal como lo manifestó el propio Tribunal de Sentencias. “Fue un trabajo duro que comenzó ya en el 2014. Sabíamos claramente cuál el motivo, que era el de acallar las publicaciones de Pablo, que lo que hacía era informar desde localidades lejanas como la que le tocaba cubrir (Canindeyú)”, aseveró en contacto con La Unión R800 AM.
En ese orden, recordó que los pobladores de aquella lejana localidad se alegraron al ver a autoridades policiales en su municipio. La fiscal señaló que cuando los testigos del hecho fueron a declarar ante el tribunal manifestaron que “hoy Ypejhu es diferente, se siente más la seguridad y pueden salir de ese silencio en el que vivían, por más de que el clan Acosta aún continúa allí”.
Aseveró que luego de los allanamientos, se realizó las investigaciones en torno a la computadora de Pablo y los cruces de llamadas.
En lo concerniente al hecho, indicó que la testigo que estaba en el asiento trasero del vehículo en el que se transportaban Medina y su asistente al momento del suceso, relató que el comunicador dijo “anína chera’a”, cuando fue ultimado por los sicarios. Ella identificó plenamente a Flavio Acosta como autor de los disparos a quemarropa contra el periodista y su ayudante. Inclusive, al parecer Pablo sabía que lo seguían sicarios, ya que se encontraron mensajes de que supuestamente lo venían buscando por lo menos desde cuatro días antes del asesinato.
Así mismo, Quiñónez dijo que cuando se había realizado el allanamiento en la Municipalidad de Ypejhu, el 18 de octubre de 2014 (un día después del asesinato), el mismo Flavio Acosta, autor material del hecho y quien ya fue capturado para ser juzgado en el Brasil, estaba observando desde lejos el operativo fiscal-policial.
El próximo martes 19 de diciembre a las 14:00 horas Vilmar “Neneco” Acosta Marques se realizará la lectura de la sentencia. Al exintendente de Ypejhu, presuntamente involucrado también en casos de narcotráfico, le esperaría una condena de entre 30 y 40 años de cárcel.