Además de la crisis económica y social que enfrenta Venezuela y la ineficacia del gobierno encabezado por Nicolás Maduro que tienen al país al borde del estallido, ahora se suma una problemática carcelaria de la cual poco a poco comienzan a salir a la luz detalles que revelan graves violaciones a los derechos humanos de los presos.
El jueves 9 de marzo fue hallada una fosa común en el interior de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en el sur de Caracas y considerada una de cárceles principales del país; el hallazgo ocurrió cinco meses después de que dicho lugar fuera clausurado temporalmente para realizar obras de mantenimiento.
Al principio se reveló que en la fosa existían restos de tres personas; para el viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, informó a medios locales que en realidad había siete cuerpos, pero esa ya alarmante cifra fue desmentida por el Ministerio Público, quien el domingo 12 de marzo confirmó que, hasta ese día, se habían recuperado 14 cadáveres, de los cuales “nueve tienen sus cráneos”, pero no se descarta que dentro de esa fosa común, ubicada en una caballeriza dentro del penal, existan más restos mortales.
*Vía: Segundo Enfoque.
El lunes 13 de marzo la Fiscalía General de Venezuela informó que había designado a un grupo de fiscales para trabajar en la identificación de los cuerpos encontrados en la penitenciaría venezolana en coordinación con la Unidad Técnico Científica y la Unidad Criminalística con la Vulneración de Derechos fundamentales.
La investigación incluye análisis odontológicos, antropológicos y genéticos, debido a que familiares denunciaron con anterioridad la desaparición de varias personas que se encontraban presas en esa cárcel.
Al mismo tiempo el Ministerio Público informó que seguirán escarbando y buscando más cuerpos y no descartan que dentro del mismo penal existan más fosas comunes.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, el cual es un organismo no gubernamental dedicado a procurar en las cárceles de ese país se respeten los derechos fundamentales de todos los personas, responsabilizó al gobierno de estos asesinatos y mencionó que desde el 2009 ellos habían denunciado la desaparición de Francisco Guerrero, quien se encontraba preso en esa penitenciaría.
Sobre este caso en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en agosto del 2013, en la cual criticó al Estado venezolano por no hacer nada por dar con el paradero de la persona desaparecida.
*Vía: BBC.
La situación llegó hasta el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que en 2015 exhortó al gobierno de Venezuela a iniciar una investigación sobre la desaparición de esa persona, pero según la ONG nunca se hizo nada al respecto.
“Es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país”, explicó en un boletín el Observatorio Venezolano de Prisiones, “El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas en libertad”.
Desde hace varios años, diversas organizaciones no gubernamentales, familiares y los propios internos han denunciado que la situación dentro de las cárceles venezolanas es sumamente grave, pues los internos son víctimas de malos tratos, torturas y ejecuciones, y pareciera que estas denuncias se están confirmando con el macabro hallazgo dentro de una de las prisiones más importantes del país.
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