Daniel Aquino es uno de los cuatro liberales refugiados que tras 7 meses regresaron de Uruguay luego del asilo político. Destacó que le genera satisfacción y gratificación que “la gente que pasa por nuestra casa nos saluda y nos demuestra su cariño”.
Reiteró que todos los cargos por los cuales se acusa a los afiliados del PLRA no son más que una persecución política ejecutada por el Gobierno con el objetivo de desviar la atención de que se realizó un atropello contra la Constitución Nacional al pretender aprobar la enmienda pro reelección presidencial.
Aseguró que al momento de la quema del Congreso él había ido a comprar aguas y gaseosas para la gente que estaba en la manifestación, de un local ubicado en la intersección de las calles Palma y Chile, del microcentro asunceno. En ese orden, aseguró que ninguno de los cuatro refugiados estuvo en el Parlamento cuando se producía el incendio. Señaló que trabaja como funcionario de la Cámara de Senadores, por lo cual dijo en contacto con La Unión R800 AM que “conozco perfectamente dónde hay cámaras y no me iba a exponer”.
Indicó que posteriormente volvió a su casa, pero que debido al atraco que se estaba produciendo en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) decidió retornar. “Los muchachos estaban comiendo cuando los policías llegaron al local. Me llamó una compañera y me dijo ‘lo mataron, lo mataron’ (en referencia a Rodrigo Quintana, dirigente juvenil ultimado por la Policía Nacional)”, aunque hasta ese momento no sabía de quién se trataba. “Quedé shockeado, en los grupos de Whatsapp estaban diciendo que un compañero había muerto pero no sabíamos quién era. Yo tenía cuando eso tenía una moto y llegué rápido al partido”, recordó, añadiendo que en el instante en que arribó a la sede liberal vio cuando Quintana era llevado en una camioneta hasta un hospital para intentar salvarlo.
Aseguró que en ningún momento fueron fabricados bombas molotov en el local partidario, refutando la versión del Ministerio Público.
Afirmó que en todo momento estuvo a disposición de la Fiscalía, pero que al notar que no existían garantías jurídicas, más aún tras la detención de Stiben Patrón, decidió junto con otros tres liberales pedir asilo político al Estado uruguayo, el cual accedió a la solicitud. En este sentido, aseveró que conocía a los otros imputados y también exiliados Brian Martínez y Osvaldo Luis Sánchez, no así a Rubén Galeano, a quien -indicó- conoció recién en Uruguay.
En su caso personal, Aquino afirmó que cruzó en lancha el río Paraguay hasta Clorinda, Provincia de Formosa, Argentina, desde donde un amigo lo llevó en un automóvil particular hasta Montevideo, capital uruguaya.
Aseveró que durante su estadía en el vecino país trabajó como parrillero en un restaurante. En este sentido, agradeció al presidente del PLRA, Efraín Alegre, así como al senador uruguayo Rafael Michelini, quienes les dieron su total respaldo en todo momento.
Tras los siete meses en Uruguay, afirmó que decidieron retornar a nuestro país conociendo la difusión de escuchas telefónicas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en las cuales se pedían imputaciones por el caso #31M a cambio presuntamente de grandes sumas de dinero. “Todas estas son imputaciones políticas, digitadas a dedo, sabíamos de la presión que tenían estos fiscales y jueces por parte de un sector del Partido Colorado. Esperamos el resultado de las elecciones (internas) y después de que se filtraron los audios fue cuando tuvimos de nuevo esperanza de volver a Paraguay. Sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Esperamos que la justicia y los fiscales sobre todo se den cuenta de su error”, finalizó el dirigente liberal.
Los cuatro liberales imputados fueron hasta Uruguay el 11 de junio de 2017 y regresaron a nuestro país el pasado jueves 4 de enero.
Daniel Aquino continúa con un proceso por supuesta “portación de armas”. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria.