Conforme a la denuncia, la empresa no cumple con la seguridad ocupacional, que implica equipos de protección para realizar sus tareas, entre otras lesiones de sus derechos como trabajadores. Señalan asimismo que la firma no realiza como corresponde el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), pese descontar el importe del 9% a sus trabajadores, y por tanto no pueden realizar consultas médicas.
La ministra de Trabajo llegó hasta el frigorífico para firmar la orden de fiscalización para que los funcionarios de la cartera de Estado realicen sus tareas de verificar los hechos denunciados por los trabajadores. Sin embargo, los responsables del local no permitieron la entrada por lo que el Ministerio de Trabajo recurrirá al Poder Judicial para conseguir la autorización de ingreso.
“No tuvimos autorización para entrar a la empresa y ahora vamos a gestionar la autorización del Poder Judicial para poder corroborar esas denuncias que esta mañana presentaron más de 80 trabajadores. Tienen que ver con seguridad ocupacional un poco alarmante, además de otras cuestiones que podemos corroborar ya con los fiscalizadores”, informó la ministra Carla Bacigalupo.
La titular de la cartera de Estado dijo que generalmente no se tiene problema con las empresas para ingresar a realizar la fiscalización con el afán de proteger los derechos de los trabajadores, pero que esta vez se encontraron con este obstáculo. La misma señaló que la fiscalización se realiza con el propósito de corroborar la veracidad o no de la denuncia y recomendar las medidas correctivas en forma inmediata, independientemente de una posterior sumario administrativo y eventualmente la sanción correspondiente