“Entiendo la preocupación del ministro con relación a la gestión de los recursos, pero por encima de esa realidad hay ciertas premisas sobre las cuales no podemos dejar de movernos, el derecho a la salud debe ser garantizado por el estado y debe proveer a la atención médica hasta lo máximo de sus recursos disponibles”, dijo Lorena Segovia en charla con “La Mañana de Unión” por Unión TV y radio La Unión.
“El protocolo prevé toda una instancia administrativa previa, una forma en la cual debemos conducirnos dentro del estado, la judicialización no puede ser la primera medida cuando uno tiene una necesidad de terapia, cuando se llega a esta instancia, ya se arriba en base a un diagnostico médico que justifica que una persona debe contar con un medicamento o atención determinada”, mencionó.
“La instancia judicial es una instancia de control de la inactividad por parte del estado, cuando no cumple un deber legar, allí debe iniciarse el proceso judicial”, acotó.
Por otro lado abordó sobre una estadística aproximada: “Por la terapia tuvimos un corte al año 2022 con 130 personas, por los medicamentos tuvimos aproximadamente 80 personas con cáncer que solicitaron intervención”.