Gloria Piñanez, hermana del capitán Piñanez, respaldó las declaraciones de su padre; el general retirado Herminio Piñanez, sobre lo que sostienen fue el asesinato del capitán y un suboficial del Ejército; José Manuel González.
Según declaraciones de la mujer, el celular de su hermano fue utilizado hasta tres días después de su muerte; ocurrida el 26 de noviembre del 2014. “Con la explosión, supuestamente, su celular también se fue con él”, reclamó.
Los fiscales que investigaron el caso fueron Joel Cazal y Sandra Quiñonez, actual fiscal general, quienes ignoraron estos registros y no los incluyeron en la carpeta fiscal.
La mujer denuncia que los fiscales nunca actuaron sobre las cosas llamativas del caso; por ejemplo informes sobre varios objetos que tras la explosión habrían sido enterrados, además, restos de los explosivos que estaban en el vehículo pero que no detonaron.
Otro caso extraño es que, luego de que la familia denunciara el supuesto asesinato, cuatro personas llegaron a la fábrica de su padre para “cobrar algo”, pero ellos no tienen deudas con nadie, asegura Gloria. Esto fue denunciado ante Sandra Quiñonez, con el número de chapa del vehículo en el que llegaron los desconocidos, pero igualmente este episodio no fue tenido en cuenta para la investigación.
El padre del capitán Piñanez reveló en los últimos días que mantuvo reuniones con el narco Jarvis Chimenes Pavao, y este le informó que su hijo había sido asesinado. El papá confía en el testimonio de quien fuera extraditado al Brasil, pues este le habría mostrado videos de lo que ocurrió aquel día.
Uno de los que acompañaban a Piñanez en aquel operativo, habría presionado el botón para detonar el explosivo que había preparado el mismo capitán de Ingeniería, y que debía ser introducido en un campamento de la ahora extinta Agrupación Campesina Armada.
El capitán Piñanez habría descubierto varios hechos de corrupción en las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), mientras investigaba la muerte del comisario Manuel Escurra, a causa de una detonación, atribuida al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Lo descubierto por el militar implicaba a las altas autoridades castrenses y, aparentemente, estaban al tanto de ello el mismo presidente Horacio Cartes, López Moreira, y el entonces ministro Francisco José de Vargas.