La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo explicó que se trata de una ley que ya estaba vigente, en la cual se le había delegado la responsabilidad del control de estos dispositivos al Poder Judicial, cuando este no cuenta con los elementos para hacerlo.
Por ello, luego de la masacre ocurrida en el penal de San Pedro (10 presos muertos durante un motín), dijo que en la Comisión de Reforma Penal de la Cámara Baja surgió la iniciativa de modificar la ley en la parte donde encarga al Poder Judicial el control de estos dispositivos electrónicos, otorgándole esa labor ahora al Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios.
“Solo cambia el órgano de aplicación y ahora viene todo el proceso, de ver los costos porque no es un dispositivo barato”, expuso Vallejo en diálogo con La Unión, indicando que el análisis presupuestario y la reglamentación de la normativa forman parte de la segunda etapa del proyecto. Sobre el punto, dijo que se buscarán ofertas, ya que cada pulsera y tobillera electrónica tiene un costo de mantenimiento que ronda los US$ 300 mensuales.