“La oposición de los políticos a que se publicaran sus patrimonios era evidente y seguro de que algo tenían que ocultar”, aseveró Nakayama en contacto con La Unión, considerando que las Declaraciones Juradas, en el caso de muchos, “pueden ser solamente la punta del iceberg”.
Aclaró que, por supuesto, al trabajar en la función pública el patrimonio de una persona puede aumentar a comparación de cuando ingresó, pero que “cuando a uno le crece su patrimonio en 800 y un poco más, evidentemente amerita una investigación. Hay mucha desproporcionalidad”. En este último punto, se refirió al caso de Arnaldo Samaniego, actual diputado colorado.
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En ese sentido, el también dirigente del PLRA cuestionó que los políticos, especialmente los parlamentarios y otras altas autoridades, utilicen su poder para “apretar” fiscales y jueces a través del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “El Poder Judicial está totalmente sometido al poder de turno. Saben a quién cómo apretarle para que salga de tal o cual forma la sentencia”, lamentó.
Por último, Nakayama cuestionó que la justicia en general apunte a imputar a personas por violar la cuarentena sanitaria en lugar de enfocarse en casos graves de corrupción.