El fiscal del caso, Luis Piñánez, explicó que tiene elementos para argumentar la imputación y el pedido de elevar a juicio el caso de Rivas, citando su cargo de diputado y que tenía a cargo varios funcionarios que no marcaban de forma biométrica su presencia, como debía ser, sino mediante firma de planillas, pedido por el propio legislador.
“Lo que el Ministerio Público demostró, con intérvalos por las pericias técnicas de cruces de llamadas telefónicas, que estas personas en ningún momento prestaron los servicios que dijeron prestar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por una imposibilidad material. Por ejemplo, en un día específico, un funcionario iba a firmar a las 6 de la mañana en el Congreso, pero en un intérvalo de las 6 de la mañana hasta las 9 todas las llamadas las hacía desde el Departamento de Paraguarí”, explicó Piñánez en diálogo con La Unión, entre otras similares irregularidades cometidas supuestamente por el legislador de Honor Colorado.
Los caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, el pasado 28 de agosto, fueron condenados por estafa, pero absueltos del cobro indebido de honorarios, delito por el que fueron acusados como supuestos autores por parte de la Fiscalía. Todos se desempeñaban como “choferes” del diputado Rivas, cuando en realidad nunca prestaron servicios en el Parlamento.