El gobierno de Michel Temer se ha visto involucrado en un nuevo escándalo, tras la mayor operación en la historia de la Policía Federal, que incluyó redadas en siete estados de Brasil y en la que descubrieron una red de empaquetadoras que adulteraban y vendían carne putrefacta en el país y en el extranjero.
La investigación reveló que las empaquetadoras JBS y BRF sobornaban a los inspectores de salubridad y a otros funcionarios para obtener los permisos y certificados gubernamentales para sus productos, además de sostener prácticas antihigiénicas.
El comisario Mauricio Moscardi reveló que entre los beneficiados también descubrieron que el partido del presidente, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP). “La investigación deja bien claro que una parte del dinero de las coimas iba para organizaciones políticas”, aseguró.
*Fuente: Peru 21.
Las trampas que hacían incluían todo tipo de alteraciones, como “flexibilización” de la fiscalización, alterar las fechas de vencimiento de las carnes y la adulteración con agentes químicos. Posteriormente, los dueños de las empaquetadoras recibían los certificados sanitarios sin antes someterlos a las inspecciones correspondientes.
En total, fueron alrededor de 40 “incidentes” que involucraron a ambas compañías. Lo más grave fue el uso de químicos para ocultar la putrefacción de la carne. Incluso, en algunos casos los productos que usaron eran cancerígenos.
En otros casos, descubrieron que usaban cartón y papas para mezclar con el pollo e incrementar los beneficios. Sin embargo, la empresa JBS, el principal productor de carne a nivel mundial, aseguró en un comunicado que ellos seguían estándares rigurosos de calidad y que brindan seguridad alimentaria.
*Fuente: Reuters.
Clarín informa que el operativo llamado “Carne Débil” fue el proceso final de dos años de investigaciones y movilizó a más de mil agentes para ejecutar 309 órdenes judiciales, incluyendo 27 de prisión preventiva, en siete estado brasileños: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia.
Hasta el momento, las acciones de ambas compañías han disminuido drásticamente, entre un 8 y un 10 por ciento. BRF no se ha pronunciado hasta el momento sobre las acusaciones policiales.
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