Gómez explicó que no fueron al sitio con una orden de desalojo de las familias porque “no es un caso de naturaleza penal, sino de naturaleza civil”. Además, dijo que “no es un desalojo, sino el cese de un hecho punible”.
El representante del Ministerio Público aseveró que el operativo contó con la presencia de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, además de personal de la CODENI y bomberos.
Aseveró que las familias que estaban ocupando el predio serán llevadas a otro terreno dentro de la jurisdicción de Itauguá.
Fue un procedimiento antijurídico
Por su parte, el comisario Carlos Aguilera, Director de Policía del Departamento Central, comentó que el operativo se realizó en total calma y sin ningún inconveniente. El jefe policial admitió que se ha tratado de un hecho antijurídico, ya que el operativo no cuenta con orden judicial. No obstante, aclaró que solamente cumplieron órdenes del Ministerio Público.