“La Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) daba créditos a sus asociados. Uno autorizaba que realicen descuentos de su salario mensualmente para pagar esos créditos. Antes se hacía vía recursos humanos de la Contraloría, hasta que, en su momento, el Dr. Enrique García (entonces contralor) cuestionó por qué se utilizaban funcionarios de la Contraloría para realizar descuentos de una asociación privada. Pidió que se vea otra gente y esa decisión fue muy acertada. ¿Qué pasó? La gente no iba a hacer sus pagos mensuales en ventanilla y ahí salta que había sido la Aso no estaba pagando en forma regular a las diferentes entidades financieras que nos habían facilitado los créditos. La Aso recibía la plata pero no llegaba a las entidades financieras”, explicó Olga Rojas, una de las funcionarias afectadas, en su visita a los estudios de Unión TV y radio La Unión durante el programa La Unión Hace La Fuerza.
En ese orden, comentó que las entidades que tenían los pagarés de los asociados comenzaron a realizar las demandas. “A mí me pareció muy raro porque normalmente uno en 90 días recién está en Informconf, pero en 90 días ya tener una demanda o un apriete”, aseveró.
Rojas señaló que, tras descubrirse el esquema, fue presentada una denuncia por estafa, apropiación indebida y lesión de confianza. Sobre el punto, dijo que hay cinco personas acusadas.
No obstante, afirmó que “lo que me llama poderosamente la atención es que este caso, cuando se realizó la audiencia preliminar, el juez Julián López determinó dos resoluciones: una donde resuelve los incidentes de la audiencia preliminar y otra que eleva la causa a juicio oral y público. Como esta resolución que eleva el caso a juicio oral es inapelable, los abogados de la defensa presentan una apelación respecto a la resolución de los incidentes y va a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones anula esa resolución y ordena el reenvío a una audiencia preliminar. Yo no sé dónde la Primera Sala sacó que eso se puede hacer. Está totalmente fuera de derecho”.
A través del fiscal Federico Leguizamón, se recurrió a una acción de inconstitucionalidad por la cual se pidió que se anule la decisión del Tribunal de Apelaciones por violar el debido proceso. Sin embargo, este documento estuvo guardado seis meses en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, señaló que existiría una complicidad entre el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, y Santiago Brizuela, abogado defensor de Adalberto Arévalos, uno de los imputados por el caso.
El desfalco está estimado en cerca de G. 1.000 millones.