Gustavo González, abogado de los guardias de la empresa Protek, cuestiona la decisión de la fiscala Teresa Ruiz Díaz, quien determinó la imputación contra los dos agentes que realizaron los disparos y mataron a un joven sobre el que pensaron que estaba robando un vehículo.
Cuestionó que las investigaciones contra sus clientes se basen en reincidencia en portación de armas, ya que, si se utiliza la palabra “condena”, significa que debió haber existido un proceso anterior y una condena. “Entonces, de entrada ya tenemos un obstáculo para poder imputar a los guardias dentro del articulado de la Ley de Armas”, señaló.
Indicó que la otra imputación, que afecta a los directivos y fue basada en el artículo ‘d’ de la Ley de Armas, “es más grotesca aún”, ya que el escrito menciona que “el que prestare el arma a un tercero” para cometer un hecho punible también será castigado. “Acá no existe ningún tercero. La empresa Monital SRL, una persona jurídica, tiene una licencia expedida en base a la Ley 5424 del año 2015. Y las conductas de esta persona jurídica se reglamenta por el artículo 97 del Código Civil, que dice que los actos de la persona jurídica son los actos de sus órganos”, manifestó, agregando que, cuando los guardias están en sus funciones, son parte de la persona jurídica. “Entonces en el articulado del Ministerio Público falta un elemento fundamental, que es un tercero, lo cual no hay”, aseguró, añadiendo que el guardia es Monital SRL y se hace entrega de las armas a sus órganos con un protocolo interno de la empresa.
Continuando, González aseveró que la Ley que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad les autoriza a la portación de armas a los guardias, por lo que, a su criterio, la imputación no tiene sentido.
Afirmó que el Juez Penal de Garantías decidirá si da paso o no a la imputación. “Hay una violación fragante al Estado de Derecho. No hay credibilidad en el proceso”, aseguró González.
Los guardias imputados por homicidio doloso Julián Benítez Ojeda y Óscar Tomás Blanco.