La defensa de Arrom y Martí argumentó que las cuatro personas están en “peligro inminente”, porque el gobierno paraguayo solicitó al del Brasil la revocatoria del estatus de refugiados políticos de los tres primeros, además de una supuesta convocatoria a manifestación frente a la casa de la senadora Esperanza Martínez.
En contrapartida, la Procuraduría General de la República pidió la desestimación de la solicitud de medidas provisionales.
En ese efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de la Procuraduría, ya que consideró que no existe ningún “peligro inminente” como aseguraron Arrom, Martí, Colmán y Martínez, informó la agencia estatal IP.
A criterio de los jueces, el gobierno paraguayo está en pleno derecho de solicitar la revocatoria de refugio político, al igual que el Brasil, que tendrá la potestad de concederla o denegarla.
La resolución recuerda al Estado Paraguayo su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.