“El informe incluye 82 observaciones, ya que no fueron cumplidos los objetivos del programa, consistentes en la rehabilitación y funcionamiento de la infraestructura y del transporte”, detalló Ana Recalde, supervisora de Auditoría de la Contraloría, en diálogo con La Unión, asegurando una de las cuestiones principales que quedaron en evidencia es que hubo falta de un “diseño final aprobado”, habiendo contado solamente con observaciones parciales.
Del mismo modo, dijo que hubo irregularidades en lo que refirió a la franja de dominio para la realización de las obras, lo cual provocó inconvenientes con los frentistas, así como tampoco un correcto control de los productos recibidos, por ejemplo, el diseño del corredor BRT (carriles principales por donde iba a pasar el metrobús).
En cuanto a las consultorías, Recalde dijo que no se tiene exactitud de cuánto se gasto en este rubro, pero contó que algunas fueron empalmadas con “ayudas técnicas de cooperaciones internacionales que se consideran como donaciones, las cuales no se registraron”. Aseveró que por esta razón “nunca se podrá saber cuánto se gastó en total” por el fallido Metrobús.
No obstante, sí dijo que pudo encontrarse que a un consorcio le fueron pagados US$ 6 millones por un trabajo de consultoría.
Recalde señaló que el trabajo fue llevado adelante en dos direcciones: por un lado, por la Dirección de Documentación Central, a su cargo, y por otro, la Dirección de Control de Obras Públicas.
El trabajo de investigación tomó más de un año debido a que se presentaron diversos inconvenientes debido a retrasos en la entrega de documentaciones por parte de la Unidad Ejecutora de Proyectos, que argumentó que en varias oportunidades realizaron mudanzas.
El caso
Los trabajos del Metrobús, que iniciaron a fines del año 2015 durante le gobierno de Horacio Cartes, quedaron incompletas (solo se habían avanzado 800 metros). Provocó graves daños a la economía de los comerciantes y frentistas de la zona de la ruta Mariscal Estigarribia entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora. Además, deterioró la calidad de vida de las personas que a diario debían transitar por esa área.
De los US$ 54.000.000 estipulados en el contrato para llevar adelante el total de la obra, el Estado paraguayo desembolsó US$ 30.200.000 a la empresa Mota Engil. El trabajo debía abarcar desde San Lorenzo (frente al Campus de la Universidad Nacional de Asunción) hasta cercanías del puerto de Asunción.