El empresario José Ortiz, gerente de TABESA, propiedad del presidente Horacio Cartes, presentó ayer una acusación por falsa denuncia contra el concejal asunceno Rodrigo Buongermini, quien, a su vez, lo había denunciado por soborno agravado y persecución de inocentes en el marco del caso 31M, hace poco más de un mes. El edil fue imputado por perturbación de la paz pública durante la quema del Congreso tras la aprobación de la enmienda pro reelección.
El abogado de Ortiz, José Ignacio González Macchi, había expuesto que la acusación contra su cliente no tiene sustento alguno, ya que en el audio en el cual basó su denuncia Buongermini (uno de los tantos en el caso JEM) se escucha una conversación entre dos terceras personas, no al propio empresario.
“Nosotros no decimos luego que él (Ortiz) habla. En la conversación se escucha que hablan de un ‘José’. Les había dicho que los del 31M tenían que ir presos”, expuso el edil capitalino en comunicación con La Unión R800 AM, agregando que “suponemos y sospechamos que se está refiriendo a José Ortiz teniendo en cuenta el contexto”.
Explicó que la conversación en cuestión es larga y en ella se habla de tres causas diferentes. Señaló que en la primera parte del audio se oye el nombre de ‘José Ortiz’ y que posteriormente, ya haciendo alusión al caso 31M, solo mencionan ‘José’. Sobre el punto, aclaró que “si uno escucha el audio completo, uno supone que se trata del mismo José”. “¿Cuál es el contexto de todo esto? Es una cantidad de audios en los que dos personajes (en referencia a Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero) están haciendo las cosas por motivaciones políticas o económicas”, continuó indicando.
Buongermini sostiene que la acusación por perturbación de la paz pública que pesa sobre él carece de justificaciones, ya que “la única evidencia que tienen es que yo aparezco en un video cantando ‘Patria Querida’ afuera del Congreso, y yo no ingresé ahí ni nada”. “Me están llevando a un juicio oral por eso, pero el único elemento de prueba que tienen demuestra mi inocencia. No tiene ningún asidero jurídico ni demostratorio”, cuestionó.
Por esta razón, desde siempre consideró que estas acciones en su contra “vienen de arriba” y se trata de una acción política para justificar la muerte del dirigente juvenil liberal Rodrigo Quintana, asesinado en la sede del PLRA.