En reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, la presidenta de la Conatel, Teresita Palacios, informó sobre la recepción del monto total establecido por la licitación, con lo cual concluye un proceso transparente, según destacó.
“Estuve con el presidente de la República para informarle que hemos recibido y tenemos depositado en nuestra cuenta de Conatel 90 millones de dólares por el derecho a licencia del servicio 4G. Las dos operadoras que han sido seleccionadas cumplieron los requisitos finales que necesitaban para ser beneficiados con la licencia de 4G”, explicó Palacios en conferencia de prensa.
Indicó que las dos empresas, Tigo y Claro, luego de un desembolso inicial de 30 millones de dólares el año pasado, depositaron los 60 millones de dólares restantes en tiempo y en forma, cumpliendo con el requisito del acuerdo firmado con la Copaco para que se pueda liberar la banda 4G. “A partir de ahora vamos a reunirnos para darles ya la licencia”, dijo Palacios.
Palacios destacó que el monto recaudado por la licitación “va a ir directamente para el pueblo”. “Por instrucciones del presidente el monto que se recaudó va a ser destinado a la gente realmente, que llegue a la gente y se vea este beneficio en programas que van a beneficiar a los paraguayos”, dijo.
La presidenta de Conatel destacó que las empresas no solamente cumplieron con el compromiso y el pago del monto establecido por la licencia sino también se va a tener el cumplimiento de la responsabilidad social establecida en el pliego de bases y condiciones, una vez concedida la licencia.
Esta responsabilidad social implica la habilitación de 1.560 cuentas d einternet con velocidades suficientes para ser destinadas a telemedicina, para la educación y para la policía. Igualmente se entregarán unas 9.900 computadoras con cuentas subsidiadas para los mejores egresados de las universidades y para el sector de la formación docente.
Finalmente destacó que el proceso de licitación fue totalmente transparente, y que se llevó adelante sin la necesidad de contratar una consultoría externa como ocurría en administraciones anteriores. “Con esto demostramos que somos capaces de llevar un proceso transparente, limpio y sin que le cueste un solo centavo ni al operador ni al pueblo”, afirmó.
Vía Agencia IP.