“En la mayoría de los casos se encontraron desprolijidades administrativas”, afirmó Carlos Pereira, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), en contacto contacto con La Unión, detallando que en total fueron 32 los procesos licitatorios revisados.
En ese sentido, entre las irregularidades descubiertas, fueron encontradas inconsistencias en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité, así como el incumplimiento de condiciones legales y técnicas del Presupuesto Base Cero (PBC), motivo por el cual no se ajustan a los requerimientos exigidos.
En el mismo sentido, mencionó la violación de la ley de Contrataciones Públicas debido a que empresas y personas vinculadas entre sí participaron de la licitación, además de la falta de criterio para la fijación de precios referenciales. Así mismo, se encontró que para algunas compras no fue necesaria la utilización del rótulo de “Urgencia Impostergable” ni el código “COVID-19”, ya que no se ajustaban a la esencia de ambos.
Pereira también hizo alusión a los dictámenes que fueron emitidos por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la cartera sanitaria sin fundamento técnico, así como falta de atención a las consultas de la DNCP.