Víctor Hugo Sánchez, funcionario de la Cámara de Senadores y quien había sido introducido en el Parlamento por la exlegisladora María Digna Roa Rojas, fue detenido tras descubrirse que realizaba pedidos de coimas en nombre de legisladores, con el objetivo de supuestamente otorgar una expropiación. Arnaldo Giuzzio, senador nacional, señaló que la información fue recibida por otro senador, Arnoldo Wiens, con quien contactó el denunciante, de nombre Julio Alcaraz, quien le expuso un “mecanismo extorsivo perfecto” de la cual fue víctima.
Giuzzio narró que el diputado José Domingo Adorno realizó, desde el año 2013, tres pedidos de expropiación sobre las propiedades de la víctima. La primera solicitud había sido aprobada. Ante este hecho, Alcaraz planteó una acción de inconstitucionalidad y logró que la Corte lo deje sin efecto. Más adelante, el mismo diputado, José Domingo Adorno, presentó de nuevo una solicitud de expropiación de la misma propiedad. “Un calco del que se había planteado anteriormente”, resaltó Giuzzio, agregando que el pedido consiguió media sanción en la Cámara de Diputados. Cuando fue al Senado, se convocó al dueño de las tierras y, finalmente, este acordó con la Comisión que no se haría por las 12.000 hectáreas que ocupaba el terreno, sino por 4.800. La ley fue promulgada y luego se dio proceso a la indemnización. Por un año, el dinero de compensación nunca llegó a la víctima.
El parlamentario por el Partido Democrático Progresista contó que, para sorpresa de Alcaraz, a principios de este año, el mismo diputado, Adorno, volvió a plantear el mismo pedido, pero por el resto de las tierras que no habían sido expropiadas. Detalló que, en ese contexto, al llegar al Senado, ya con media sanción aprobada en Diputados, se produjo el contacto de la víctima con Arnoldo Wiens.
“El sujeto que realizaba los pedidos de coimas se hacía pasar por una persona que tenía contactos con el senador Sixto Pereira”, explicó el exfiscal anticorrupción.
Lamentó el hecho de que existían intenciones de extranjeros en invertir en el lugar, cuya área es de 12.000 hectáreas y se hallan ubicadas en el Departamento de Alto Paraguay.
Giuzzio manifestó que se hace bastante llamativa la insistencia de Adorno en la expropiación, a lo que añadió que, en caso de que las conexiones sean concretas, que deberá ser citado a declarar.