“Lo de la Secta Moon es un nombre que se le puso, pero cuyo nombre real es Asociación Espíritu Santo. Esta Asociación es poseedora de unas 500.000 hectáreas en el Alto Paraguay, Chaco, tierras que están evaluadas en US$ 500 millones, atendiendo que se trata por donde exactamente cruzaría la futura Ruta Bioceánica”, manifestó Bittar en diálogo con La Unión.
Indicó que los contratos por los cuales se otorgaban 310.000 hectáreas que originalmente pertenecían a la Asociación Espíritu Santo, por los cuales le fueron entregadas a empresas “offshore”, le faltan páginas, firmas y cláusulas, criticando la actuación de la jueza Tania Irún, quien atendió el caso “en menos de 24 horas” despojando de las tierras a la institución religiosa.
Sobre el punto, dijo que la jueza Irún estaba con permiso de maternidad y, sin embargo, interrumpió esa licencia para estudiar 19 tomos “en una mañana” para sacar una resolución de 30 páginas y realizar la millonaria entrega.
Detalló que son cuatro empresas “de maletín” que no tienen constitución en Paraguay, citando como ejemplo que no tienen afincamiento, ni domicilio, ni reconocimiento, ni Registro Único del Contribuyente (RUC), ni personería jurídica en Paraguay. Indicó que esta situación atenta contra el propio Estado paraguayo, ya que nunca podrá accionar contra estas empresas por si eventualmente comete perjuicios.
Así mismo, Bittar mencionó como ejemplo de irregularidad la entrega de esas tierras limítrofes a extranjeros, violando la ley por la cual se prohíbe que extranjeros posean terrenos en zonas fronterizas a un radio de 50 kilómetros dentro del territorio paraguayo.
La Secta Moon fue demandada por la empresa Cusabo Limited por presuntamente no haber pagado un crédito de US$ 15 millones, ante lo cual Bittar sostiene que la asociación religiosa nunca había solicitado ni recibido ese préstamo.
Corte integró Tribunal de Alzada para estudiar caso
Los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Neri Eusebio Villalba, Giussepe Fossati López, integran la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que analizará la apelación contra la resolución del pasado 23 de noviembre del 2018 la jueza que ya está siendo investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La defensa de la Iglesia Asociación Espíritu Santo había apelado la decisión de la magistrada Irún.