“No quiso ‘comprar’ un problema y decidió devolverlo a Colombia, donde cuenta con inmunidad por el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016”, cuestionó Cassati en diálogo con Buenas Tardes La Unión.
Aseveró que Granda es un capo mafioso que lidera una “empresa internacional internacional con filial en Paraguay, llamada EPP, a la que le quieren dar una fachada de ideología política, en la que en realidad la única ideología es el dinero”. Por esta razón, el gobierno mexicano, encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, debió detenerlo e informar al momento a nuestro país, desde donde se emitió el código rojo contra el ciudadano colombiano por el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, sucedido en 2004. “Dicen que lo detuvieron, pero no es así. En realidad, lo retuvieron y lo devolvieron en el primer avión rumbo a Colombia (…) Optaron por darle un trato de indocumentado a un hombre buscado internacionalmente por homicidio doloso, asociación criminal y secuestro, que son todos crímenes hediondos”, dijo.
“Si llegaba a Paraguay, sí o sí iba a ser condenado como ya lo fue socio y gerente general de su ‘empresa’, Osmar Martínez (fallecido en 2015)”, aseguró.
Explicó que el código rojo es una alerta de máxima o extrema atención dentro de la INTERPOL a los efectos de que, en caso de que una persona sea encontrada ya sea en un aeropuerto o en una otra situación particular de control de la policía local, tiene que hacer la inmediata aprehensión de ese individuo y ponerla a disposición del juzgado penal de Garantías de turno del lugar, dentro del plazo establecido que, por lo general, es de 24 horas, para luego comunicar inmediatamente al país de origen que ha emitido la orden de captura. “Esto a su vez se comunica al juez del caso para que ordene la extradición del sujeto”, expuso.