Los abogados Aitor Martínez, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, defensores de la causa, habían presentado en marzo de 2014 una denuncia ante la CIDH. El documento hace referencia al nulo acceso a la Justicia de los familiares de las víctimas de la masacre.
En la masacre de Curuguaty, murieron 6 policías y 11 campesinos. Sin embargo: “Acá sólo se ha investigado la muerte de los policías y no de los campesinos. Para la fiscalía murieron solo 6 personas”, expresó Azuaga.
El abogado sostiene que la investigación se dio de manera parcial, ya que: “Ellos tenían una idea ya definida: Los campesinos son guerrilleros, criminales y que los policías fueron a defender al Estado”, lamentó.
Por su parte, el CIDH estableció un plazo de tres meses para que el gobierno paraguayo responda a las acusaciones sobre violaciones en los derechos humanos, inclusive torturas que fueron denunciadas en el caso Curuguaty. “Inclusive uno de los testigos en la audiencia confesó que había matado pero para la fiscalía eso se justifica”, señaló el Dr. Azuaga.
“Esta es una sentencia política y no jurídica. Nosotros consideramos que nuestros defendidos son presos políticos porque no fueron sentenciado en base a pruebas, los magistrados se basaron en conceptos, en ideas, de lo que pudo haber pasado” – Abog. Víctor Azuaga