“La responsabilidad institucional es del Estado por los daños que le causa al ciudadano que muere o que termina herido. Desde el punto de vista penal, las responsabilidades son personales, o sea, ahí hay que individualizar quién era la persona encargada de la construcción y el mantenimiento del puente”, explicó Casañas Levi en conversación con Cada Siesta por La Unión.
Aunque un sector del Gobierno haya querido ya deslindar responsabilidades sobre lo sucedido afirmando que la obra fue inaugurada durante el periodo anterior, Casañas Levi expuso que “el Estado tiene una responsabilidad civil, no importa quiénes hayan estado antes o después como gobernantes”.
Respaldó que el Ministerio Público tiene que abrir una investigación sobre lo ocurrido. “Es lo correcto porque cuando una persona tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de una obra pública por donde transitan ciudadanos, si no hace su trabajo, está exponiendo la vida de terceros, en este caso se concreta la muerte”, dijo el experto en Derecho Penal.
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El caso
Tres personas murieron tras la caída de un puente en el Departamento de San Pedro en la noche de este miércoles. Tres vehículos que pasaban por el lugar cayeron tras el desmoronamiento de la estructura ubicado sobre el arroyo Lorito en Cruce Tacuatî.
Los fallecidos fueron identificados como Juan Javier Alarcón Ferreira, Denis Leonardo Díaz y María Wilma Villalba.
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