La ley estipula aplicar las multas correspondientes a los empleadores que observan el Informconf de cada persona. “Lo que se busca es parar con esa discriminación laboral. Hay cuantiosos casos de empresas que rechazan postulantes por figurar en esa lista”, expuso López Arce en diálogo con La Unión, quien fue el que había entregado el proyecto a un grupo de parlamentarios para que sea tratado y sancionado.
Aclaró que la ley no es automática, por lo que el postulante a un puesto laboral afectado es quien deberá hacer las gestiones para que sea aplicada la multa contra la empresa, que asciende a G. 127 millones.
El documento destaca la preservación de los derechos fundamentales, la intimidad, la seguridad y la libertad de las personas.