“El comercio declaró un monto mucho menor de lo consignado en la factura que presumiblemente fue clonada. Era la misma factura original, con el mismo número de timbrado, pero con los datos, tanto en el detalle como en los montos, que no corresponden con lo que declaró el vendedor”, explicó Orué en contacto con La Unión.
La investigación del caso incluyó la imputación del presidente del PLRA, Efraín Alegre, por producción y uso de documentos no auténticos en carácter de cómplice. Como autores materiales están imputados Pascual Benítez Barrientos y Luis Muñoz, apoderados del PLRA en Ciudad del Este y la indagación data de compras realizadas con los fondos del Partido Liberal en el marco de la campaña electoral del año 2018.
Por otro lado, se refirió al acuerdo firmado por la SET junto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tiene como objetivo el intercambio de datos sobre empresas que se postulen a licitaciones con el Estado. Detalló como ejempl de información a ser compartida entre ambas instituciones referente a estadísticas, rubro de comercialización, facturas, precios referenciales obtenidos mediante los datos tributarios, promedio de rentabilidad de actividad económica, entre otros.
En otro sentido, indicó que 500 empresas fueron los que solicitaron la suspensión de sus RUC. Sobre el punto, dijo que 18.000 realizaron cambio de actividades y registros a ser declarados.