Villamayor admitió que en octubre del 2019 Mario Abdo Benítez recibió una carta enviada por Guaidó, presidente reconocido por Paraguay, en la cual se nombra a Javier Troconis como encargado de la recuperación y seguridad de los activos de Venezuela en todo el mundo.
“El señor Troconis, a través del abogado Sebastián Vidal, representante legal de PDVSA desde el año 2011, es el que pide para Troconis una audiencia conmigo. Ahí envían un borrador de posible acuerdo, pero el problema de fondo es la situación política venezolana, lo cual nos conduce a reconocer objetivamente que en Venezuela existen dos autoridades que se están superponiendo: Una, la que tiene legimitidad como lo es la de Guaidó; y otra, la que tiene el control territorial, ejercida por Maduro. Entonces hay ‘dos’ PDVSA. ¿A cuál se le paga?. Esto imposibilitó algún posible acuerdo y se le dijo en la primera reunión en noviembre del 2019 y de ahí en adelante nunca se avanzó”, explicó Villamayor en diálogo con La Unión.
Subrayó que todo lo sucedido no afecta a la imagen de nuestro país ni a su gobierno, menos aún porque desde el propio equipo de Guaidó fue propuesta la reducción a la mitad de la deuda total con PDVSA, consistente en aproximadamente US$ 269 millones.
“Paraguay recibió una propuesta y no la aceptó. Eso es todo”, aseguró, añadiendo: “¿Qué garantiza de que nosotros paguemos ese acuerdo pero el juicio sigue?”.
En cuanto al pago de US$ 26 millones al abogado Sebastián Vidal, quien también incluso fue contratado por la Asamblea Nacional y que está vinculado a un pariente de Mario Abdo Benítez, argumentó que el dinero iba a ser pagado por la petrolera venezolana por ser su defensor, no por Paraguay, por lo que allí no tiene que ver el Gobierno de Abdo. “Quien paga al abogado son ellos, no nosotros. Yo no puedo discutir con el abogado de mi contraparte”, expuso.
Recordó que el caso de la deuda de PDVSA se halla en un laudo arbitral en París, Francia. Sobre el punto, aclaró que PETROPAR reconoce la deuda con la petrolera venezolana, que es de alrededor de US$ 269 millones, pero no admite la carga de intereses por la que el régimen de Nicolás Maduro había demandado a nuestro país en el 2015, ya que “el acuerdo de esa cuenta no establece en qué momento se constituye la mora. Sin estar esto, no deben correr los intereses”. Indicó que en estos momentos el arbitraje está paralizado.
La deuda data de hace aproximadamente 15 años, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez había comenzado los trámites de venta de petróleo a través de PDVSA a PETROPAR, cuando el mandatario de nuestro país era Nicanor Duarte Frutos.