En este orden, dijo que lo fundamental para decidir la absolución de los labriegos fue que no hubo elementos de prueba fehacientes contra los acusados, sino simplemente circunstanciales.
Expresó que acepta la investigación en su contra, pero exige que fiscales y jueces del caso estén dentro de las pesquisas. “Yo creo en el sano criterio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la República está empezando a funcionar y en ese contexto en nuestro país nos conocemos”, expresó en contacto con La Unión R800 AM.
Indicó que siente como paraguayo la matanza ocurrida el 15 de julio de 2012 en Marina Cué, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías), pero que no existe claridad en la investigación, y probablemente ya no la haya, de “quién mató a quién”. “Las deficiencias investigativas ya no pueden reeditarse”, expuso el magistrado.
Así mismo, refutó la versión del sector cartista sobre la presunta “tranzada” entre el Frente Guasu y el movimiento Colorado Añeteté, que supuestamente incluía la liberación de los campesinos por el caso Curuguaty a cambio de votos para aceptar la designación de Nicanor Duarte Frutos como director paraguayo de Yacyretá.
La denuncia
La fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, denunció ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los tres camaristas que absolvieron a los condenados por el caso Curuguaty.
Gentileza.
La denuncia fue presentada contra los jueces que integraron la Sala Penal de la Corte: Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, por “mal desempeño en sus funciones”.
Los camaristas denunciados fueron los que absolvieron a los 11 condenados por los hechos punibles de homicidio doloso, tentativa de homicidio, asociación criminal, invasión de inmuebles, entre otros, cuyas condenas fueron ratificadas posteriormente por la Cámara de Apelaciones.