Adalberto Castro también había sentenciado a prisión por el mismo caso por cuatro años y, con la decisión de la Sala Penal de la Corte, sostiene que cumplió la condena de forma inocente. No obstante, aseguró que no quedará con los brazos cruzados. “No puedo dejar esto en vano, así que los culpables tienen que pagar por habernos condenado sin pruebas”, expresó en contacto con La Unión R800 AM.
Adalberto señaló que él ya cumplió su condena hace dos años y que desde entonces volvió a Marina Cué, Canindeyú, donde “levantó” de nuevo su granja y chacra. Sobre el punto, indicó que, a pesar de la masacre ocurrida, el Estado nunca se hizo presente en el lugar. “No tenemos agua, ni electricidad, ni ruta, nos organizamos con nuestra comisión”, expuso el campesino.
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Finalmente, dijo que pasarán el fin de semana en la “carpa de la resistencia”, campamento instalado en la plaza ubicada frente a la sede del Poder Judicial, para luego el lunes volver a Marina Cué.
Recuperaron su libertad
El 11 de julio de 2016 el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero, condenó como principal responsable de la masacre a Rubén Villalba a 30 años de pena más cinco de medidas de seguridad por homicidio doloso acabado, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. También condenaron a Luis Olmedo Paredes (20 años); Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez (18 años), todos por homicidio doloso agravado, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Así mismo, fueron condenados Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López (6 años); Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería (4 años). Estos últimos ya cumplieron su condena y se hallan en libertad.
El caso Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 en Marina Cué, Departamento de Canindeyú, en el que un conflicto de tierras que generó un enfrentamiento entre policías y campesinos, en un criticado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado paraguayo y la familia del exparlamentario Blas N. Riquelme.
En el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la polémica y cuestionada destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político, exactamente una semana después, el 22 de junio.