Actualmente el Estado cobra un impuesto a los prostíbulos, lo cual desde diversos sectores están reclamando el retiro de este tributo del sistema de la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET). Un pedido especial de esta cuestión envió a la institución la actual fiscal Teresa Martínez, futura ministra de la Niñez y de la Adolescencia, quien afirmó que cobrando un gravamen a esta actividad “se está legalizando la explotación sexual”.
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Liz del Padre, viceministra de Tributación, sostuvo su planteamiento de mantener los gravámenes a la prostitución afirmando que la Constitución Nacional reza que “todas las actividades que no están prohibidas, están permitidas y son lícitas”.
“Entonces todas las actividades que no estén penadas pueden ser ejercidas por cualquier particular”, expresó en contacto con La Unión R800 AM, afirmando que las labores relacionadas a prostíbulos entran en el rubro de “otras actividades de servicios personales”, de acuerdo al código genérico del sistema de tributación.
En este orden, explicó que, teniendo en cuenta el mencionado rubro, el cuerpo de una persona “es su capital”, por lo cual debe emitir facturas. “Es diferente a ser proxeneta, que eso sí está penado”, dijo del Padre.
No obstante, indicó que están realizar un análisis de la realidad acerca de la prostitución “para determinar los alcances que pueda tener en materia impositiva”.