Miguel Godoy, Defensor del Pueblo, señaló que se procedió a la investigación del caso luego de la denuncia de Julio César Franco Morel, quien aseguró que había sido condenado injustamente por un caso de homonimia.
Sin embargo, señaló que en el homicidio por el cual se lo acusa, ocurrido en Caaguazú y cuya víctima sería su vecino, está involucrado su hermano, de nombre Dejesús Franco, de acuerdo a los datos del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Sobre el punto, dijo que el verdadero dueño de la cédula no posee un hermano con ese nombre.
Además, expuso que Julio Franco, de 34 años, había cometido un crimen anterior, por el cual ya cumplió pena, registrándose con una cédula ajena. Sobre el punto, afirmó que es probable que, al momento que pretendió mandar hacer su documento, “haya intentado mentir a todo el sistema”. “El número de cédula que no le pertenece a él figura con antecedentes penales por lesión grave y otros más. ¿Y quién fue la persona que estuvo presa por estos hechos? Fue el actual condenado”, explicó Godoy en contacto con La Unión R800 AM, añadiendo el sindicado “nunca tuvo cédula, usó un documento ajeno”.
“La cédula con la que se le registró (cuando fue condenado) es 4 millones y algo, mientras que su nueva cédula es 8 millones y algo (…) anteriormente nunca tuvo cédula. Después se mandó hacer”, explicó, agregando que por medio de este hecho se descubrió que, en realidad, no estaría pagando la culpa de otra persona.
Para corroborar esa teoría, el Defensor del Pueblo dijo que se siguen recabando datos del sujeto, indicando que esta persona sí habría cometido el homicidio. De hecho, afirmó que han descubierto que el condenado es oriundo de Caaguazú y el crimen sucedió en la misma ciudad. En tanto, el verdadero dueño de la cédula es de Quyquyho, indicó.
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Godoy dijo que efectivamente existe un caso de homonimia, pero que la víctima, en realidad, sería el verdadero dueño de la cédula, no el preso. En este orden, admitió que en el proceso de su condena no se le tomaron las huellas dactilares, error cometido por parte de las autoridades policiales y judiciales.
En principio, se pensó que Julio Franco había sido condenado injustamente y por lo cual organizaciones y activistas sociales reclamaron una indemnización para el supuesto afectado. Sin embargo, con estos datos, que seguirán siendo investigados, el caso tomaría un giro.