El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un juicio contra la fiscala Raquel Fernández, quien investigó el atraco a la sede del PLRA el pasado 31 de marzo y la posterior muerte del joven Rodrigo Quintana, el 1º de abril del 2017. En este orden, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la representante del Ministerio Público. La agente del Ministerio Público presentó su descargo en una audiencia pública y fue duramente cuestionada.
El senador colorado Eduardo Petta, actual miembro del JEM, criticó duramente la actitud de Fernández, por no haber solicitado los extractos de llamadas de los números telefónicos que se comunicaron durante las manifestaciones con el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. “Ella trató de explicar y señaló que consideraba inútil esa diligencia y que no le iba a dar la posibilidad de llegar a quien dio la orden”, indicó en comunicación con La Unión R800 AM.
Señaló que la fiscala no puede tener tal argumentación, ya que en nuestro país varias veces se utilizaron extractos de llamadas para esclarecer hechos y hallar culpables, citando como ejemplo exintegrantes del grupo criminal EPP que fueron condenados a prisión mediante esta vía.