Ayer la Sala Constitucional de la Corte dio lugar a la aclaratoria presentada por la asesoría de la máxima instancia judicial contra el artículo 2 de la Ley 5.033/2013, que reglamenta la declaración Jurada de Bienes y Rentas. Con la determinación, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), jueces y funcionarios seguirán cumpliendo con la disposición constitucional de presentar sus declaraciones juradas de bienes a la Contraloría General de la República al momento de asumir o dejar un cargo permanente, retrocediendo de su decisión inicial.
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, explicó que el principal argumento que había presentado la Corte para dejar de presentar declaraciones juradas era que estas debían ser también declaradas por sus parientes cercanos, como por ejemplo el cónyuge, los hermanos o familiares cercanos de los funcionarios que no están en la función pública, tenían también la obligación de declarar los bienes de estas personas.
Dijo que, aunque su argumento es atendible, no hay razón para atacar 12 de los 27 artículos de la referida Ley mediante una acción de inconstitucionalidad.
“Si bien están ligados por parentesco, no forman parte de los dependientes del Estado y, por ende, no habría obligación de presentar declaración de bienes y rentas en relación a los funcionarios públicos”, expuso en comunicación con La Unión R800 AM, añadiendo que “lo más llamativo es que no puede ser que la propia Corte resuelva su propia acción de inconstitucionalidad”.
Galeano manifestó que cuestiones como estas se deben a que la institucionalidad en nuestro país es muy endeble en la administración de justicia.