Señaló que este caso desnuda “la fragilidad del sistema” con que se maneja el mundo del fútbol en nuestro país en cuanto a representantes, presidentes de clubes, jugadores y los contratos que los unen.
“No podemos dejar de corroborar una situación como esta”, dijo.
“Si fue coaccionado a someterse en una actividad en la que él es profesional, estamos hablando de acoso y de un hecho punible contra la autonomía sexual”, explicó Martínez, añadiendo que analizará el caso para estudiar si existen elementos constitutivos de trata de personas para agregar a la investigación.
Mencionó que este no es el primer caso de problemas entre jugadores y dirigentes de clubes. En este orden, señaló que tiene en una investigación abierta a raíz de una denuncia de la agremiacion Futbolistas Paraguayos Asociados (FAP), en la que manifestó que “vienen chicos de todos lados diciendo que (dirigentes de clubes) no les hacen jugar, que no les permiten salir, que les piden dinero, padres llorando que nunca les dan nada”.
En este contexto, citó que existen entidades deportivas que actúan con arbitrariedades y sometiendo a los menores para que jueguen, nunca con contrato de por medio. “Los dejan atados a un club y si no están fichados no pueden jugar en ningún lado. Hay una cuestión que las autoridades del fútbol de este país se tienen que poner a revisar de tal manera a desterrar todo este sistema mafioso con el que están actuando y perjudicando a tanta gente”, expuso en comunicación con La Unión R800 AM.
La representante del Ministerio Público recomendó a los futbolistas y principalmente a los padres cuyos hijos aún son menores y se están iniciando una carrera futbolística, a “que revisen bien” las cláusulas de los contratos que los unen con los clubes, así como con los representantes.
Por último, en lo que refiere a la filtración de las fotos en situación íntima entre el futbolista Gabriel Caballero y el presidente del club Rubio Ñu de Luque, Antonio González, aclaró que esta es una cuestión de índole privada, por la que la denuncia deberá presentarla la parte afectada, por violación de derecho a la intimidad o a la imagen.