Rodrigo Buongermini, concejal asunceno, presenta esta mañana una denuncia contra el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, por soborno agravado y persecución a inocentes. Especificó que el planteamiento también abarca a José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este S.A. (TABESA), empresa del presidente Horacio Cartes.
Expuso que la denuncia incluye la figura de presunto soborno “tomando como indicio principal y muy contundente uno de los audios en el que el señor (Raúl Fernández) Lippmann directamente habla de un monto de US$ 120.000 para imputar a manifestantes”, sosteniendo que es Ortiz quien influyó de alguna manera ofreciendo ese dinero en la Fiscalía.
Sobre el punto, explicó que “en los primeros audios filtrados se lo menciona a él (José Ortiz) como una de las personas que está ofreciendo un premio por la imputación de jóvenes que estuvimos en la manifestación del 31 de marzo”.
Señaló que el objetivo del oficialismo, luego de su derrota en la intención de aprobar la enmienda pro reelección presidencial, “era que había que darle mala publicidad a las manifestaciones”.
Nos encontramos en la Fiscalía General del Estado para realizar nuestra denuncia contra Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, y José Ortiz, por soborno agravado y persecución a inocentes en los hechos ocurridos el #31M pic.twitter.com/sYeyRESmOk
— Buye Buongermini (@BuyeBuongermini) January 23, 2018
Buongermini recordó que tomó noticia de que él también estaba imputado junto con decenas de jóvenes más a través de una conferencia de prensa realizada por el mismo Javier Díaz Verón. Por eso, afirmó que “claramente él estaba al tanto de lo que sucedía y probablemente dirigía todo el procedimiento de la Fiscalía, siempre sospechamos eso desde antes de que surjan estos audios”. “No puede ser que nosotros no podamos manifestarnos en contra de algo que era injusto, que era el atropello a la Constitución Nacional”, expresó.
Aseguró que todas las imputaciones dadas en torno a las movilizaciones realizadas frente a la sede del Parlamento aquel 31 de marzo del año pasado “forman parte de una enorme rosca que está siendo destapada ahora”.
Quien ejerce la defensa legal del edil es el doctor Guillermo Ferreiro, abogado que explicó que el acta de imputación contra su cliente solo incluye “cantar ‘Patria Querida’ e instigar a los manifestantes a quemar el Congreso por ser un concejal”.