Sandra Quiñónez ya se desempeñaba como fiscala antisecuestros cuando se produjo el secuestro de Debernardi, que duró 64 días. La mujer fue llevada el 16 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 9:15 horas, cuando se disponía a subir a su camioneta Jeep Grand Cherokee, con chapa ABA 890, luego de realizar una caminata en el parque Ñu Guasu de Luque.
“Ese caso escribió la historia de lo que había sido era un secuestro en Paraguay, nosotros no sabíamos qué era, buscábamos si podía haberse tratado del robo de su vehículo, donde se puede encontrar y así, con miles de hipótesis hasta que 17 días después le llega una carta al ingeniero Antonio Debernardi (marido de María Edith), en el que decía que ‘nosotros le tenemos a su esposa, prepare US$ 12 millones y que las exigencias las vamos a dar a conocer en el transcurso de la negociación que se inicia desde este momento'”. En este orden, la agente recordó que mucha gente se mostró incrédula a que hechos como secuestros se puedan producir en nuestro país.
María Edith fue liberada aproximadamente a las 2:30 horas del 19 de febrero del 2002, en inmediaciones de la avenida Santa Teresa, de Asunción. Sobre el punto, Quiñónez relató: “Ella recuerda que uno de los secuestradores se le acerca y le dice ‘hasta aquí te acompaño, tus familiares ya tienen la ubicación y van a venir junto a vos'”. “Le vendaron, le fueron dirigiendo, le hicieron sentar en un lugar y de ahí se retiró la persona que la trajo”, continuó.
La fiscal indicó que la víctima reconoció posteriormente a algunos de sus captores, como por ejemplo “el guardia bueno”, quien era Alcides Oviedo Brítez, “el guardia malo”, que era Anuncio Martí. “Además se acuerda de la persona que bajó al sótano, que era Juan Arrom, quien se identificó como ‘jefe del grupo’ y se encargaba de negociar con la familia”, dijo.
En este orden, manifestó que cuando se realizó el primer pago, se logró captar, mediante imágenes de cámara de seguridad, el momento en que la camioneta fue a recoger el dinero. “Ahí se vio la chapa del vehículo, se pidió un informe sobre eso a la municipalidad, desde donde enviaron que los datos pertenecen a Gilberto Chamil Setrini. A partir de eso, investigamos quién era y descubrimos que hacía unos meses había salido de prisión por el intento de asalto al Banco Nacional de Fomento de Choré”. Sobre el caso de la citada banca estatal ubicada en el Departamento de San Pedro, indicó que también estuvieron implicados Gilberto Lezcano, quien está condenado a 35 años por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas; Alcides Osmar Oviedo Brítez (condenado a 18 años de cárcel) y también Lucio Silva, “que está prófugo y ahora pertenece al grupo armado”.
De hecho, aseveró que los mismos que continúan prófugos desde esos años hoy forman parte de las filas del EPP.
La agente afirma que para los secuestradores como los que pertenecieron a este grupo como a los del EPP, sus víctimas “son una mercadería”. “Para nosotros ella (María Edith) es una esposa, una madre, un ser humano; para ellos, no es nada”, aseveró.
Indicó que el ingeniero Debernardi trajo un grupo inglés para negociar con los secuestradores. Finalmente, la familia pagó US$ 1.000.000 por la liberación de la víctima. “Primero comenzaron pidiendo 12 millones de dólares, después bajaron a 7, luego a 5, hasta que quedó en un millón de dólares”, rememoró.
Quiñónez afirmó que, de acuerdo a los datos que había dado María Edith con respecto a la organización del grupo armado, el ingeniero Debernardi avizoraba ya en ese momento que se “la industria del secuestro se instalaría en Paraguay”. En este sentido, manifestó que luego del secuestro y muerte de Cecilia Cubas se sostuvo aún más la teoría de que el grupo recibía apoyo internacional, concretamente de la agrupación autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, agrupación que hoy día se encuentra extinta.